América Latina presenta un escenario positivo para el teletrabajo

Esta nueva modalidad laboral ha logrado un positivo desarrollo inicial en la región, mostrando una adopción cercana al 10% de la población económicamente activa en países como Brasil y Argentina, según un reporte de 5G Americas. Resulta fundamental continuar impulsando la conectividad para ampliar las oportunidades laborales y reducir la brecha socioeconómica en América Latina.

La adopción del teletrabajo en América Latina presenta un escenario favorable, aunque en distintos niveles de acuerdo a los diversos países, según apunta el white paper Teletrabajo en América Latina, publicado por 5G Americas. Pese a ser un fenómeno emergente, el teletrabajo ha permeado la región y pasó a formar parte ya de la realidad laboral de su población económicamente activa, con una participación cercana al 10 por ciento en países como Brasil y Argentina, y de entre el 2 y 4 por ciento en Chile y México, según estimaciones al año 2015.

Surgido como práctica a partir de factores como la globalización, una mayor adopción de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y nuevos patrones productivos, entre otros aspectos, el teletrabajo se presenta como una oportunidad de generar mayores fuentes de empleo que pueden contribuir a la reducción de la brecha socioeconómica en la región. Por otra parte, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el teletrabajo también fomenta la inclusión de las mujeres y personas con discapacidad en el mercado laboral.

Además de las ventajas en disminución del impacto ambiental y beneficios para los empleados como reducción de costos y flexibilización de horarios y lugares de trabajo, entre otros aspectos, el teletrabajo también ofrece distintas modalidades de práctica.

A grandes rasgos, el estudio diferencia entre teletrabajo autónomo de los profesionales independientes o empleados que usan las TIC para desarrollar sus tareas desde cualquier lugar; teletrabajo suplementario, donde la modalidad remota convive y/o alterna con la práctica tradicional de laborar en la empresa; y el teletrabajo móvil, en el cual los trabajadores utilizan dispositivos móviles para ejecutar sus tareas, sin un lugar definido para realizarlas. Los principales factores que determinan estas modalidades son el tipo de conexión, el lugar de trabajo y la relación contractual con las empresas.

Aparte del impulso de esta modalidad por parte del sector privado, el reporte destaca que también existen en América Latina iniciativas para incentivar el teletrabajo, como portales de información para los trabajadores, impulsadas por los gobiernos u otras entidades.

“Para que el teletrabajo pueda extenderse en forma equitativa para todos los sectores de la población, es necesario que los distintos países de América Latina continúen impulsando la conectividad, principalmente favoreciendo el despliegue de infraestructura de redes para los operadores, por un lado, y colaborando para que los dispositivos —teléfonos inteligentes, tablets y computadores portátiles, entre otros— sean más asequibles para las personas, por el otro. Únicamente de esta forma podrá garantizarse igualdad plena en el acceso a las oportunidades laborales que esta nueva modalidad de trabajo ofrece”, explicó José Otero, Director de 5G Americas para América Latina y el Caribe.

Fuente: Corporateit

El 32% de la publicidad digital en 2017 será destinada a móviles

A nivel regional y local, la pauta digital asciende a un quinto de la inversión publicitaria total, y aunque el sector  avanza detrás de la TV, lo hace a un ritmo más acelerado. Cuáles son los formatos en auge y las industrias dominantes en el nuevo escenario.

En toda la Región, la publicidad digital está creciendo a un ritmo exponencial. Si bien la Televisión continúa siendo líder, en un mercado en constante cambio su desarrollo se lentifica y abre espacio a nuevos formatos que irán cobrando aún más protagonismo de cara al 2020.

Según un estudio desarrollado por la consultora eMarketers, en 2016 el gasto publicitario en América Latina llegó a Us$ 42.000 millones de dólares. El informe destaca que aunque en los cuatro mercados principales – Argentina, México, Brasil y Chile – la TV recibe la proporción principal, el sector digital avanza y seguirá haciéndolo a mayor velocidad.

En Argentina, el grueso de la pauta también está destinada a la TV. Sin embargo, cada vez más anunciantes invierten en anuncios digitales, que, de acuerdo a estimaciones de eMarketers, representarán casi una quinta parte del gasto total en anuncios de medios en 2017, mientras que la pauta en móvil llegará a un tercio de esta categoría. En el escenario local, si bien la publicidad mobile enfrenta diversas trabas en el plano regulatorio y de infraestructura, además de una tendencia inflacionaria aún marcada, de todas formas se espera un fuerte crecimiento en los próximos años de la mano de la expansión de los Smartphones. En tanto, a escala regional, el análisis plantea que el 32,0% de la inversión publicitaria digital se destinará al móvil este año, al tiempo que sostiene que la pantalla representará más del 50% del gasto publicitario mobile.

En este punto, un relevamiento de Logan, compañía líder en performance y creatividad mobile en Latinoamérica, señala que, dentro del segmento móvil, el formato Full Screen Banner obtuvo la mayor inversión en 2016, con un 36,14%. “Estos banners ocupan toda la pantalla, asegurando la atención del usuario, y garantizan cobertura en Smartphones y Tablets, incluso en segmentaciones muy precisas, por lo que se recomiendan para complementar todo tipo de campañas, ya que generan impacto e interacción”, explica Juan Martin Rearte, Branding Director de la empresa.

El segundo formato más utilizado, con un 15,52% de inversión, fue el Pre Roll: anuncios de video que se muestran justo antes de que el usuario comience a ver un video en alguna App. Es una herramienta muy útil dado que el 60% del tráfico latinoamericano de video es consumido a través de los dispositivos móviles.

En el Top 3 de inversión por formato se encuentra el Rich Media Interstitial, con un 11,74%. Éste es el formato de Rich Media por excelencia y se trata de un anuncio de pantalla completa que aparece entre dos pantallas de contenido de una aplicación. Puede utilizarse para mostrar videos, micrositios, videos interactivos, pequeños videojuegos y cualquier otro desarrollo creado en HTML5, y es muy útil para producir el más alto impacto e interacción. Otros formatos destacados son: Standard Ads (11,42%), Overlay (10,79%),  Notification Ads (6,22%), Native Ads (4,53%) y Sticker Ads (1,17%).

Al considerar la inversión por industrias del año pasado, Logan resalta que el 27,56% correspondió al sector de la Comunicación. En el segundo puesto se encuentran los Retails, con un 20,91%, y el top 3 lo completa el rubro de la Indumentaria, alcanzando un 13,54% de la inversión total.

En cuanto al promedio de CTRs (Click Through Rate) por industrias, en primer lugar se ubica Shopping, con un promedio de 8,25%, seguido por Indumentaria con un 7,88%, y Entretenimiento, con un CTR de 7,78%.

Finalmente, el análisis de IR (Interaction Rate) de 2016 ubica a la industria del Shopping en el primer puesto, con un 13,13%, en segundo lugar a Tecnología – 9,47% –, y por último Consumo Masivo, con un 7,87%; mientras que el promedio de VR (View Through Rate) posiciona primero a la industria del Entretenimiento (63,47%), seguida de Consumo Masivo (61,94%) e Indumentaria (61,81%).

“La sociedad es móvil y, en consecuencia, sin importar el tamaño o rubro, las empresas deben tener presencia en los medios móviles. En caso contrario, perderán sus mercados ante las marcas que los adopten con mayor velocidad”, concluye Juan Carlos Göldy, CEO de Logan, Chairman de la MMA y miembro del Board LATAM de la MMA.

Fuente: Tecnopymes

¿Por qué los latinoamericanos compran y venden poco por internet?

La brecha normativa y el rol de la confianza en el comercio electrónico de la región.

El comercio electrónico es una modalidad de intercambio creada gracias al desarrollo de la red y concretada mediante el conjunto de dispositivos que permiten acceder a ese “ciberespacio”.[1] Según una estimación preliminar de la Fundación ECommerce, el valor de las transacciones electrónicas efectuadas bajo la modalidad B2C (businesss to consumer) creció 17% en 2016, sumando un monto de US$2.671 mil millones. Este desempeño del comercio electrónico resulta excepcional en el deslucido cuadro de la economía y del comercio mundial: se estima que este último decreció 5% a precios corrientes el año pasado.

La misma entidad informó que el monto de comercio electrónico en 2015 alcanzó 3,1% del PIB mundial. En América Latina, el monto de las transacciones de este tipo fue US$ 50,4 mil millones, apenas 0,9% del producto regional y tan solo 2,2% del total comerciado en el mundo por esta vía. Estas cifras reducidas no se deben a que los latinoamericanos estén fuera del ciberespacio: la región tiene un 10,5% de los internautas del globo, con una población que alcanza el 8,5% del total.[2] Los latinoamericanos navegan la red, pero compran y venden poco en ella.

Se puede inferir que la explicación de esta brecha que exhibe América Latina es multicausal: bajos niveles relativos de ingreso por habitante, menor impulso innovador en las tecnologías propias del ciberespacio, débil desempeño en transporte y logística y, sin duda, factores atribuibles a la infraestructura comercial y financiera de la región; por ejemplo, menor bancarización y, también, menor confianza en los instrumentos electrónicos para realizar compras y pagos.

Esa falta de confianza deriva a su vez de un desfase importante en materia de regulación: las reglas no están claramente establecidas o bien, no se conocen; tampoco se sabe bien cómo y quién garantiza su cumplimiento.

Este artículo investiga aspectos del desafío regulatorio que tiene la región en materia de comercio electrónico –con énfasis en el aspecto transfronterizo–, comentando instrumentos de referencia respecto a los cuales podría comenzar a fundamentarse una mejor superestructura normativa para este dinámico segmento del comercio mundial.

La revolución electrónica del mercado y sus desafíos regulatorios

Como fenómeno relativamente novedoso, el comercio electrónico presenta ingentes tareas en materia regulatoria que abarcan tanto el plano doméstico como el internacional. En rigor, por ser uno de los resultados más visibles de la revolución tecnológica de la globalización, en el comercio electrónico es difícil distinguir los aspectos domésticos de los internacionales. Siendo la red, desde su inicio, un sistema de conexión mundial, es natural que diese lugar a vínculos comerciales transfronterizos en potencial igualdad con los vínculos domésticos.

Los desafíos regulatorios mencionados incluyen, entre otros aspectos, la necesaria actualización de muchos soportes jurídicos de las transacciones comerciales. En el mundo previo al ciberespacio un contrato comercial debía contar con un soporte de papel; pero la red abrió la posibilidad de crear otro tipo de soporte físico de los contratos: el documento electrónico, incluyendo la firma digital. De la misma forma, mecanismos de pago, solución de controversias y dispositivos que hagan regir los contratos son algunos ámbitos en los cuales la estructura jurídica del comercio debe adecuarse a los nuevos medios provistos por esta revolucionaria tecnología.

Las iniciativas de regulación del comercio electrónico tienen ya una historia a la que aportan diversas propuestas normativas, generadas en espacios multilaterales o por acuerdos comerciales y de integración en espacios regionales.

Los primeros pasos: La “Ley Modelo” y la “Convención” de Naciones Unidas

Ya en 1996, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) publicó una Ley Modelo sobre Comercio Electrónico, luego enmendada por la Convención sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales de 2005.

La Ley Modelo de la CNUDMI busca establecer un conjunto de reglas internacionalmente aceptables encaminadas a suprimir los obstáculos jurídicos y a dar una mayor previsibilidad al comercio electrónico, equiparando el trato dado a la información sobre papel al trato dado a la información electrónica. Además, la Ley Modelo establece normas para la formación y la validez de los contratos concertados por medios electrónicos.

Algunas disposiciones de la Ley Modelo fueron enmendadas por la Convención. Esta tiene por objeto facilitar la utilización de las comunicaciones electrónicas en el comercio internacional, garantizando que los contratos concertados electrónicamente y las comunicaciones intercambiadas por medios electrónicos tengan la misma validez y sean igualmente ejecutables que los contratos y las comunicaciones sobre papel. La Convención fomenta la armonización de las reglas aplicables al comercio electrónico y promueve la uniformidad en la adopción de instrumentos nacionales basados en la Ley Modelo, aparte de actualizar y complementar ciertas disposiciones.

Repercusiones en América Latina

El impacto de estos instrumentos en los marcos regulatorios del comercio en América Latina ha sido escaso. Son pocos los países que han promulgado legislación doméstica basada o inspirada en la Ley Modelo: Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela.[3] A la fecha, solo Honduras ha ratificado la Convención; Colombia, Panamá, Paraguay y México figuran como países signatarios.[4]

Es decir, desde el ángulo de la (necesaria) promulgación de legislación doméstica que cubra al comercio electrónico, muchos países de la región no han tenido avances sustantivos. Esto es llamativo dado que la Ley Modelo tiene ya más de dos décadas de existencia y, sin duda, el comercio electrónico es una realidad de segmentos importantes del mercado en todos los países.

¿Una vía OMC para alcanzar una normativa moderna?

Las oportunidades que brinda el comercio electrónico para las exportaciones regionales es indudable: las plataformas comerciales son casi por definición, mundiales y, por tanto, ofrecen una ventanilla de oferta a la que potencialmente puede acceder una inmensa cantidad de consumidores. Esto, por supuesto, requiere inversiones, acceso a infraestructura, condiciones de seguridad jurídica para las transacciones como las que se han mencionado, entre otros elementos.

En este aspecto, Meltzer (2016), argumenta que el aprovechamiento de las oportunidades que surgen del flujo transfronterizo de datos brindado por la red depende de tres elementos:

  1. Regulación: para dar a los consumidores y empresas la confianza para participar en transacciones electrónicas transfronterizas; por ejemplo, ley de protección del consumidor, mecanismos de solución de controversias, medios de pagos electrónicos, seguridad de los datos.
  2. Libertad de flujo de datos: no aplicación de regulaciones que limiten la libertad de flujo de la información a través de la red.
  3. Cooperación entre países con el fin de controlar externalidades negativas que puedan surgir y que podrían inducir medidas proteccionistas.

Para alcanzar estos requisitos, este autor recurre al acervo jurídico multilateral y propone opciones de política que actualicen y optimicen las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).[5] Una de las vías sería la negociación de un acuerdo plurilateral sobre comercio electrónico que contenga compromisos sobre temas tales como accesos a mercados de servicios en línea, libre flujo de datos, localización de datos, sistemas de protección de la propiedad intelectual, cooperación regulatoria, y trabajo de gobiernos, empresas y organizaciones no gubernamentales.

Sin embargo, las perspectivas de negociación en el ámbito de la OMC han sido las menos dinámicas en los últimos años en comparación con la proliferación de acuerdos preferenciales.[6] En realidad, tomando como referencia genérica los puntos que enuncia Meltzer, puede verse que, en los tratados regionales existentes, el comercio electrónico se encuentra débilmente regulado tanto desde el punto de vista doméstico como transfronterizo.

En cierto sentido, esto no es sorprendente dada la enorme complejidad que tiene la adaptación de una estructura jurídica comercial a la revolución que plantea la posibilidad del intercambio global dada por los nuevos medios creados por la red. La incorporación de esta realidad a la legislación doméstica, y la posterior convergencia y armonización en la esfera global, son, necesariamente, procesos lentos en los que interviene un cúmulo de negociaciones y decisiones y en los que se requiere una progresiva acumulación de experiencia.

El enfoque del TPP y el desfase de América Latina

Es natural que las complejidades de una negociación sean menores en un ámbito regional restringido: en principio, pocos países en la mesa de negociaciones podrían alcanzar un equilibrio respecto a tratativas más pobladas; si, además, estos países tienen mayor experiencia, es más probable que el ejercicio culmine exitosamente y rinda frutos tangibles. Esto es válido también cuando el objetivo es obtener instrumentos armónicos que sustenten el comercio electrónico. En todo caso, debe considerarse que un enfoque regional de un tema inherentemente global ‑como lo es el comercio electrónico‑ podría fragmentar el espacio regulatorio, si no se plantea de complementarios a los compromisos multilaterales.

El Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) presenta, posiblemente, el compromiso con la gama más amplia de aspectos relativos a la regulación del comercio electrónico transfronterizo; de hecho, incorpora varios propuestos por Meltzer. La reciente incertidumbre respecto a su entrada en vigor, dada la salida de EE.UU. no atenúa sus propiedades como referencia negociadora. Por ello, resulta interesante analizar qué tan lejos han llegado los países de América Latina en sus acuerdos, intra- y extra-regionales en comparación con los componentes respectivos del TPP.

El comercio electrónico está regulado esencialmente por el capítulo 14 del TPP y abarca quince aspectos.[7] ¿Cómo se comparan con acuerdos latinoamericanos? Una muestra significativa de estos comprende: MERCOSUR, Alianza del Pacífico (AP), Centroamérica–Asociación Europea de Libre Comercio (AELC),[8] Centroamérica–Unión Europea, República Dominicana y Centroamérica–EE.UU. (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), y Centroamérica–México. (Cuadro 1).

Cuadro 1. Disposiciones sobre comercio electrónico en acuerdos regionales seleccionados

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Notas: CA: Centroamérica; AELC: Asociación Europea de Libre Comercio; UE: Unión Europea; DR-CAFTA: Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y EE.UU. (según siglas en inglés).
Fuente: Elaboración propia con información de INTrade-IJI y fuentes nacionales.

Los quince aspectos cubiertos por el TPP se pueden agrupar en tres grandes grupos:

  1. Legislación interna del comercio electrónico que influye en la regulación de transacciones transfronterizas: el TPP compromete a sus partes a disponer de un marco regulatorio doméstico coherente con principios internacionales y ‑esto es muy relevante‑ contar con leyes de protección del consumidor en línea y de la información personal generada por cada transacción. Ninguno de estos requerimientos se encontró en los acuerdos regionales analizados, a excepción de la AP que dispone que las partes adopten un marco legal que provea de protección a la información personal de los usuarios del comercio electrónico.

    Solo algunos acuerdos tienen artículos relacionados con la transparencia en las leyes internas: los acuerdos de Centroamérica-México y el DR-CAFTA requieren que las partes hagan públicas sus leyes, reglamentos o medidas que se relacionen con el comercio electrónico en general; y la AP sobre sistemas de protección al consumidor existentes en cada país, en particular; y sobre proveedores que hayan sido sancionados por infracciones a los derechos de los consumidores en el comercio electrónico. Finalmente, el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea solo propone mantener un diálogo entre las partes sobre esta cuestión.

  2. Disposiciones que facilitan y fomentan el comercio electrónico: estas incluyen requerimientos tradicionales, como no aplicar aranceles, mantener los principios de no discriminación, crear un mecanismo de solución de diferencias, y cooperar en diferentes ámbitos; y aspectos novedosos sobre el acceso a internet, la transferencia de datos entre países, la localización de instalaciones electrónicas y el reconocimiento de documentos electrónicos.

    En cuanto los requerimientos tradicionales, excepto el MERCOSUR, todos los acuerdos regionales analizados incluyen disposiciones sobre la no aplicación de aranceles a las transacciones electrónicas; y los principios de no discriminación están presentes en la AP, y los acuerdos Centroamérica–México y el DR-CAFTA. Solo la AP plantea mecanismos de solución de controversias específicos para las transacciones electrónicas. La cooperación es el elemento más presente en los tratados analizados, aunque ninguno cubre todos los aspectos mencionados en el TPP: asistencia a PyMES, intercambio de información sobre aspectos regulatorios, participación en foros regionales e incentivos al sector privado.

    Por su parte, los aspectos novedosos casi no se encuentran en los acuerdos de la región. Solo existen compromisos futuros de negociación sobre transferencia internacional de información por medios electrónicos en la AP y en los acuerdos Centroamérica–México y DR-CAFTA; así como una sugerencia sobre la aceptación de documentos electrónicos en el Protocolo Comercial de la AP.

  3. Aspectos de seguridad propios del comercio electrónico: como el uso de autenticación y de firmas digitales, la regulación de mensajes no solicitados, la ciberseguridad y la prohibición de requerir el acceso a los códigos fuente. A pesar de la importancia de estos elementos en la realización de las transacciones electrónicas, y en especial en el comercio transfronterizo, solo la autenticación y el uso de firmas electrónicas se encuentra regulado en cuatro de los seis acuerdos analizados: MERCOSUR, Centroamérica-Unión Europea, Centroamérica-México y AP. De los restantes puntos que dispone el TPP, únicamente la regulación de los mensajes electrónicos no solicitados aparecen como compromisos de futuras negociaciones en la AP y el acuerdo Centroamérica-Unión Europea.

¿Dónde está América Latina? ¿Qué puede hacer?

Primero, los países de América Latina se encuentran rezagados en términos de regulación del comercio electrónico, y esto se observa tanto hacia adentro como hacia afuera de las fronteras. Solo ocho países de la región tienen legislaciones internas acordes con lineamientos internacionales, y uno solo ha ratificado el instrumento propuesto por Naciones Unidas.

Segundo, dentro de los acuerdos regionales, la AP es el que contempla la mayor cantidad de cuestiones relacionadas con el comercio electrónico, aunque deja por fuera algunas importantes. La AP replica diez de las quince normativas propuestas por el mega-acuerdo, y esto puede estar relacionados con dos factores: la simultaneidad de la negociación, y que tres de sus cuatro miembros son también parte del TPP. Sin embargo, la AP no aborda temas centrales tales como contar con un adecuado marco legal doméstico, garantizar la libertad de acceso a la red y evitar medidas que podrían elevar los costos de transacción (localización de instalaciones, códigos fuente). Deja de lado también la cooperación en ciberseguridad, aspecto clave para que los consumidores y empresas adquieran la confianza necesaria para involucrarse en transacciones electrónicas.

A pesar de la evidente heterogeneidad en los compromisos ahora vigentes en comercio electrónico en los acuerdos examinados, todos incentivan la cooperación entre las partes y por tanto dan una base para seguir construyendo normativas regionales en esta materia.

El punto aquí es ‑dada la brecha regional existente y las complejidades del escenario global‑ profundizar las negociaciones en esta materia, concibiéndolas como un instrumento para la diversificación y de promoción del comercio que facilite un firme despegue de las exportaciones regionales. Una visión convergente de toda la región en esta materia marcaría un hito en la medida en que apunta a un instrumento del comercio que hasta hace pocos años no tenía prácticamente relevancia en las agendas negociadoras. La participación de las agencias de promoción de exportaciones y del sector privado y organizaciones no gubernamentales daría un impulso para avanzar esta brecha.

Considerando el gran dinamismo del comercio electrónico en una coyuntura de alta incertidumbre y debilidad económica y comercial generalizada, los países de América Latina tienen una oportunidad de contar con un factor de impulso para el intercambio. Cubrir la amplia brecha existente en términos regulatorios y fomentar la cooperación para garantizar el libre flujo de datos se presentan como herramientas de políticas clave para estimular este nuevo aspecto del comercio.

Bibliografía

Asociación Mexicana de Internet (2016). Estudio de Comercio Electrónico en México 2016. Desarrollado por comScore.

Baker, J. (2017). European commission eyes an end to data localization in EU. The Privacy Advisor.

Ecommerce Foundation (2016). Global B2C Ecommerce Report 2016. Light Version. Amsterdam.

Giordano, P., coord. y Ramos, A., col. (2015). Monitor de Comercio e Integración 2014: Vientos adversos: Políticas para relanzar el comercio en la post-crisis. Banco Interamericano de Desarrollo, Sector de Integración y Comercio. Washington.

Meltzer, J. P. (2016). Maximizing the Opportunities of the Internet for International Trade. E15 Expert Group on the Digital Economy – Policy Options Paper. E15Initiative. Geneva: International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) and World Economic Forum.

Scotti, l. (2011). Comercio electrónico internacional y procesos de integración regional: un binomio deseable, en Stersi Dos Santos, R. y Negro, S. (coordinadores), Relações Internacionais, Comércio e Desenvolvimento, Florianópolis: Fundação Boiteux, Universidad de Santa Catarina, pp. 167 – 202.

Naciones Unidas (1999). Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico Guía para su incorporación al derecho interno 1996, con el nuevo artículo 5 aprobado en 1998. Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Nueva York.

Tuthill, L. (2016). E‐commerce and the WTO. MIKTA Workshop on Electronic Commerce. Julio. Ginebra.

______ (2007). Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales. Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Nueva York.

UNCTAD (2016). Study on the harmonization of cyberlegislation in Latin America. Science and Technology and Information and Communication Technology Branch y TrainforTrade Programme of the Division of Technology and Logistics, Nueva York y Ginebra.

[1] Una discusión más precisa de la definición se encuentra en “El comercio digital y los factores de su desarrollo” en esta misma edición de Conexión INTAL.

[2] Datos de Internet World Stats al 30 de junio de 2016. Disponible en: http://www.internetworldstats.com/

[3] Colombia en 1999 y República Dominicana en 2002 (sin incluir disposiciones sobre certificación y firmas electrónicas); El Salvador en 2015  (donde la legislación se inspira en la Ley Modelo y en los principios en que se basa), Guatemala en 2008 donde la legislación incluye también disposiciones sustantivas de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales; Honduras en 2015, México en 2000, Panamá en 2001,  Paraguay en 2010 y Venezuela en 2001. Fuente: CNUDMI, Situación actual en http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/electronic_commerce/1996Model_status.html

[4] Fuente: CNUDMI, Situación actual en http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/electronic_commerce/2005Convention_status.html

[5] Véase “El trabajo de la OMC en materia de comercio electrónico” para más detalle sobre el marco regulatorio y los planes de trabajo de la OMC sobre comercio electrónico, en este mismo número de Conexión INTAL.

[6] Véase Giordano (coord.), 2014.

[7] Cabe notar que en los capítulos sobre inversiones, servicios y servicios financieros hay también normas que pueden afectan estos flujos mientras que las compras gubernamentales están excluidas de las reglas sobre comercio electrónico de este acuerdo.

[8] Vigente solo para Costa Rica y Panamá.

Fuente: BID +